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El sistema judicial mexicano ha sido acusado de rechazar ayudar a los pobres, quienes enfrentan obstáculos para acceder a la justicia.
Según un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las personas de bajos ingresos tienen menos probabilidades de ser representadas por un abogado, de ganar sus casos y de obtener reparaciones por violaciones a sus derechos.
El informe señala que las causas de este rechazo incluyen la falta de recursos económicos, la discriminación y la falta de conocimiento de los derechos legales.
“El sistema judicial mexicano está diseñado para beneficiar a los ricos y poderosos”, dijo Amnistía Internacional México en un comunicado. “Los pobres son dejados de lado y sus derechos son violados con impunidad”.
El informe de la CNDH cita casos de personas pobres que fueron detenidas injustamente, que no pudieron obtener una pensión por discapacidad o que no recibieron una indemnización por un accidente.
En uno de los casos, una mujer pobre fue detenida por posesión de drogas, a pesar de que no tenía antecedentes penales. La mujer no pudo pagar un abogado y fue condenada a seis meses de prisión.
En otro caso, un hombre pobre fue atropellado por un automóvil. El hombre no pudo obtener una indemnización por el accidente porque no tenía los recursos para pagar un abogado.
La CNDH ha recomendado al gobierno mexicano tomar medidas para garantizar que las personas de bajos ingresos tengan acceso a la justicia. Estas medidas incluyen proporcionar asistencia legal gratuita, eliminar la discriminación y educar a la población sobre sus derechos legales.
Organizaciones civiles denuncian falta de justicia para los pobres
Además de la CNDH, otras organizaciones civiles han denunciado la falta de justicia para los pobres en México.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha documentado casos de personas pobres que fueron torturadas por la policía, que no pudieron obtener un juicio justo o que fueron condenadas por delitos que no cometieron.
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) ha publicado un estudio que encontró que las personas de bajos ingresos son más propensas a ser detenidas, procesadas y condenadas por delitos que las personas de ingresos altos.
Los expertos coinciden en que el sistema judicial mexicano necesita ser reformado para garantizar que todas las personas, independientemente de su condición económica, tengan acceso a la justicia.
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