¿Debe el INE Aplicar el Artículo 41 a las Plataformas Digitales?
En México, el artículo 41 de la Constitución Política establece que está prohibido que los partidos políticos compren espacios publicitarios en radio y televisión, garantizando así la equidad en la contienda electoral.
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En la era digital, las redes sociales se han convertido en un espacio crucial para la comunicación política. Sin embargo, la regulación de este espacio sigue siendo un desafío, particularmente en el contexto de las campañas electorales. En México, el artículo 41 de la Constitución Política establece que está prohibido que los partidos políticos compren espacios publicitarios en radio y televisión, garantizando así la equidad en la contienda electoral. Sin embargo, esta normativa no se extiende a las redes sociales, donde los partidos pueden gastar sumas significativas en publicidad pagada. Este artículo argumenta que el Instituto Nacional Electoral (INE) debería aplicar el artículo 41 a las redes sociales, obligando a estas plataformas a donar espacios gratuitos en igualdad de condiciones a todos los partidos políticos, o de lo contrario, prohibir la propaganda política en estos medios.
En primer lugar, es importante reconocer el impacto que tienen las redes sociales en la formación de opiniones políticas. Durante las elecciones, estas plataformas no solo sirven como vehículos de propaganda, sino que también influyen en el comportamiento de los votantes. A diferencia de la televisión y la radio, donde el acceso es regulado para garantizar la igualdad, en las redes sociales, los partidos con mayores recursos pueden inundar el espacio digital con su mensaje, creando una desigualdad que el artículo 41 busca evitar en los medios tradicionales.
Un ejemplo claro de cómo esta regulación podría beneficiar a la democracia se encuentra en el modelo británico. En el Reino Unido, la Comisión Electoral regula estrictamente la publicidad política durante las campañas, imponiendo límites a los gastos y exigiendo transparencia en la financiación. Esta regulación ayuda a prevenir que las campañas se conviertan en una competencia de quién gasta más, asegurando que todos los partidos tengan un acceso más equitativo al electorado. De igual manera, si el INE aplicara el artículo 41 a las redes sociales, podría nivelar el campo de juego, permitiendo que las ideas, más que el dinero, sean las que determinen el resultado electoral.
Además, las redes sociales ya han sido objeto de regulaciones en otras partes del mundo en contextos electorales. En Francia, por ejemplo, existe una prohibición estricta sobre la difusión de mensajes políticos pagados durante el periodo de campaña electoral. Esta medida tiene como objetivo proteger la integridad del proceso democrático, asegurando que los ciudadanos no sean bombardeados con publicidad política pagada que podría influir indebidamente en su voto. Si Francia puede regular la propaganda política en las redes sociales, ¿por qué México no podría hacerlo también?
Gasto en Publicidad en Redes Sociales – Elecciones 2024
- Coalición “Fuerza y Corazón por México” (Xóchitl Gálvez): 109 millones de pesos
- Partido Revolucionario Institucional (PRI): 85 millones de pesos
- Partido Acción Nacional (PAN): 70 millones de pesos
- Movimiento Regeneración Nacional (MORENA): 55 millones de pesos
Gráfico retomado de: Redes sociales y las elecciones 2024 en México – CleverClick 360
Otro argumento a favor de esta regulación es el costo que los ciudadanos terminan pagando, directa o indirectamente, por la publicidad política en redes sociales. A través de mecanismos como el financiamiento público a los partidos políticos, los ciudadanos ya están financiando las campañas de sus candidatos. Permitir que los partidos gasten además en publicidad pagada en redes sociales no solo perpetúa la desigualdad, sino que también implica un doble gasto por parte de los contribuyentes. En lugar de financiar campañas que dependen del gasto publicitario, los recursos deberían destinarse a fortalecer la democracia mediante el acceso equitativo a la información.
Piso parejo para todos los candidatos:
La aplicación del artículo 41 a las redes sociales beneficiaría a todos los candidatos al crear un “piso parejo” en la contienda electoral. Actualmente, aquellos con mayores recursos pueden dominar la narrativa en redes sociales, mientras que los candidatos con menos recursos enfrentan una desventaja significativa. Si se prohibiera la compra de publicidad política en estas plataformas, o si se obligara a las redes sociales a ofrecer espacios gratuitos de manera equitativa, todos los candidatos tendrían las mismas oportunidades de llegar al electorado. Esto no solo promovería una competencia más justa, sino que también garantizaría que los votantes tengan acceso a una diversidad de propuestas, fortaleciendo la democracia.
En el contexto de México, el impacto de las redes sociales en las campañas políticas es significativo. Según datos del INE, en las elecciones de 2021, los partidos políticos en México invirtieron alrededor de 1,200 millones de pesos en publicidad digital, de los cuales un 80% se destinó a redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Esta inversión permitió a los partidos más grandes alcanzar una exposición masiva, dejando a los partidos pequeños en desventaja. La aplicación del artículo 41 a las redes sociales podría mitigar esta desigualdad y promover un acceso más equitativo al electorado.
Como lo menciona Shoshana Zuboff, académica y experta en la economía de la vigilancia, “Las redes sociales no son simples canales de comunicación, sino espacios donde el poder se ejerce de manera desigual.” Esta cita subraya la importancia de regular estas plataformas para evitar que el poder económico de unos pocos determine el acceso a la información de todos.
A nivel europeo, la Comisión Europea ha debatido la posibilidad de implementar regulaciones más estrictas sobre la publicidad política en plataformas digitales. En 2018, se adoptó un código de conducta para combatir la desinformación, que incluye aspectos relacionados con la publicidad política. Sin embargo, muchos expertos coinciden en que se necesita un marco legal más robusto que obligue a las plataformas a ser transparentes y equitativas en la difusión de contenidos políticos. Esto podría servir de inspiración para que México adopte una postura similar, aplicando el artículo 41 a las redes sociales y obligando a las plataformas a ofrecer espacios gratuitos para garantizar la equidad.
En conclusión, la aplicación del artículo 41 a las redes sociales por parte del INE sería un paso crucial para garantizar la equidad en las campañas electorales en México. Las redes sociales han demostrado ser espacios donde el poder económico puede dominar la narrativa política, algo que la regulación busca evitar en los medios tradicionales. Al exigir que las plataformas digitales ofrezcan espacios gratuitos en igualdad de condiciones a todos los partidos, se fortalecería la democracia y se protegería el derecho de los ciudadanos a recibir información equitativa y no influenciada por el dinero.
¿Estamos dispuestos a permitir que el dinero siga determinando el acceso a la información en nuestras elecciones, o es hora de exigir una mayor equidad en el espacio digital?
Referencias
- Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). (2018). Regulation of political advertising on social media platforms during election periods.
- Electoral Commission UK. (2019). Political campaign regulation and digital media.
- European Commission. (2018). Code of Practice on Disinformation.